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miércoles, 13 de mayo de 2015

A Miguel Ángel Revilla tanto escupir para arriba se le puede caer el "pollo" en la cabeza.


La jueza del "caso Racing" deja a Marcano y Agudo en la antesala del banquillo de los acusados.


  • Paz Hidalgo ve suficientes indicios de delito en la actuación de los consejeros y abre un procedimiento con Jurado.

Los exconsejeros del Gobierno de Cantabria que presidía Miguel Ángel Revilla, Javier López Marcano (exconsejero de Cultura, Turismo y Deportes) y Ángel Agudo (exconsejero de Hacienda), están en la antesala de tener que sentarse en el banquillo de los acusados y ante un Tribunal con jurado. Esa es la conclusión que se extrae del auto dictado por la jueza Paz Hidalgo Bermejo, que considera que existen suficientes indicios de la comisión de los posibles delitos de malversación de fondos públicos y fraude continuado como para abrir juicio contra López Marcano y Agudo y contra otros de los imputados en el llamado "caso Racing", causa abierta por la compraventa del club cántabro al empresario indio Alí Syed, un proceso que acabó en fracaso y con el equipo de nuevo en manos del empresario Jacobo Montalvo, también imputado y cuya empresa fue la directamente beneficiada de la operación.
En su resolución judicial, dictada el pasado 11 de mayo y conocida este martes por las partes, la magistrada instructora abre otras tres piezas, y remite al Tribunal Superior de Justicia nuevos hechos que afectan al diputado y candidato por el PRC, Javier López Marcano, al ser aforado. Una decisión que impacta sobre el exconsejero en campaña electoral, ya que figura en el quinto puesto de la candidatura regionalista
Los principales imputados se enfrentan a una pena que puede oscilar entre los 4 y los 8 años de cárcel y a una inhabilitación absoluta de entre 10 y 20 años. Todo ello en base a que el supuesto delito de malversación cometido ha sido integrado por la instructora en el subtipo más elevado dada la cuantía de la cantidad sustraída. En el caso del delito de fraude, la condena oscilaría entre los 1-3 años de prisión y los 6-10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
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