¿Qué mas necesita vd. sr. Torres Dulce para meter mano a Arturo Mas y sus complices?. Le voy a refrescar un poco la memoria.

Eduardo Torres Dulce (Fiscal General del Estado aunque no lo parezca): "La Fiscalía actuará de oficio "sin ningún genero de dudas" y "respecto de cualquier persona" que cometa un hecho que esté tipificado en el Código Penal dentro del proceso que se está viviendo el Cataluña".

¿Le parece a vd. poco convocar una consulta y nombrar a los miembros de la junta electoral del 9-N a sabiendas que es ilegal y pasándose por el forro de los (00), una vez mas, la Constitución Española y las resoluciones del Tribunal Constitucional?.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

TÍTULO XIX

Delitos contra la Administración pública

CAPÍTULO PRIMERO

De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos

Artículo 404.-

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Artículo 405.-

A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Artículo 406.-

La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles. 

Constitución Española.

Artículo 92 .-

Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.
En 1980 se aprobó la ley orgánica que se cita en este artículo, Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum

En relación con el referéndum consultivo, la ley orgánica concreta que la autorización debe concederse por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a solicitud del Presidente del Gobierno y que dicha solicitud “deberá contener los términos exactos en que haya de formularse la consulta”
Por su parte, el Reglamento del Congreso se refiere al referéndum en el artículo 161:

Artículo 161.-

1. Requerirá la previa autorización del Congreso de los Diputados la propuesta de Decreto que eleve el Presidente del Gobierno al Rey para convocatoria de un referéndum consultivo sobre alguna cuestión política de especial trascendencia. 
2. El mensaje o comunicación que al efecto dirija el Presidente del Gobierno al Congreso será debatido en el Pleno de la Cámara. El debate se ajustará a las normas previstas para el de totalidad. 
3. La decisión del Congreso será comunicada por el Presidente de la Cámara al del Gobierno.

Una vez concedida la autorización por la Cámara el Real Decreto de convocatoria, firmado por el Rey con el refrendo del Presidente del Gobierno tras su aprobación por el Consejo de Ministros, “contendrá el texto íntegro del proyecto de disposición o, en su caso, de la decisión política objeto de la consulta; señalará claramente la pregunta o preguntas a que ha de responder el cuerpo electoral convocado y determinará la fecha en que haya de celebrarse la votación, que deberá producirse entre los treinta y los ciento veinte días posteriores a la fecha de publicación del propio Real Decreto” (art. 3 LO 2/1980).