La Opinión de Carlos CC. Sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con el individuo Pérez R.

Rubalcaba avisa al PP sobre Bárcenas: "Un hecho indigno no deja de serlo" con los años.

 El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha avisado a los dirigentes del PP que aunque los delitos fiscales prescriban, tal y como Hacienda asegura que ha ocurrido con los supuestos sobresueldos cobrados por líderes 'populares', "un hecho indigno no deja de serlo por muchos años que pasen".

http://www.cantabrialiberal.com/noticia.php?id=208362&noticia=Rubalcaba%20avisa%20al%20PP%20sobre%20B%E1rcenas:%20%22Un%20hecho%20indigno%20no%20deja%20de%20serlo%22%20con%20los%20a%F1os

 

Por una vez, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con el individuo Pérez R. porque considero que lleva toda la razón e incluso me atrevo a ampliar y retocar un poco sus afirmaciones dejando la frase de la siguiente manera:

CarlosCC:  "Un personaje indigno no deja de serlo con los años".

Por muchos años que pasen un individuo que era el portavoz del gobierno de los GAL y que mintió descaradamente al negar la participación del gobierno socialista ha sido, es y será, como mínimo, un presunto delincuente y por lo tanto un personaje indigno a todas luces que en cualquier país serio ya estaría apartado de por vida de la política.

Por muchos años que pasen, en la Junta de Andalucía había y hay unos personajes indignos que se llenaban los bolsillos con dinero público (ERES), y al día de hoy, el individuo Pérez R. todavía no ha pedido ni la comparecencia ni la dimisión de ninguno de ellos haciéndose cómplice de su indignidad.
Y hablando de personajes indignos; ¿Quien ha cometido el delito mas grave, Luis Barcenas llevándose dinero de particulares que lo donaron al partido, o los autores del chivatazo del bar Faisán que avisaron a los terroristas responsables de las finanzas de ETA para que no fueran detenidos, lo que permitió que siguieran financiándose y asesinando?. 
Hay que recordar que el individuo Pérez R. era el ministro de Interior y amparó, protegió y defendió a los autores que estaban bajo su mando y que por lo tanto, por muchos años que pasen seguirá siendo, como mínimo, responsable político, cómplice e indigno.

Por muchos años que pasen, también es indigno pasarse por el forro de los (00) la jornada de reflexión después del mayor atentado terrorista de la historia de España (11M) como hizo el individuo Pérez R. cuando todavía estaban calientes cerca de 200 cadáveres o calificar los asesinatos de ETA como "desgraciados accidentes".

Por la boca muere el pez.

UN POCO DE MEMORIA HISTÓRICA Y DE INDIGNIDAD SOCIALISTA.

Casos de Corrupción del Gobierno de Felipe González Márquez (1982-1996).

Caso Flick: Trama española de un gran caso de financiación ilegal de partidos y evasión de impuestos en la RFA, por parte del multimillonario ultraderechista Friedrich Karl Flick. La Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPD, destinó donaciones de Flick por valor de millón de marcos para financiar al PSOE.

Caso de los fondos reservados: Desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.

Caso Filesa: Financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote. 

Caso Ave: Cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Caso Seat: Pago de 175 millones de pesetas por parte del PSOE a directivos de SEAT, para la recalificación irregular de terrenos de esta empresa, con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE. Aunque en la Sentencia consideró probados los hechos, absolvió a los acusados por haber prescrito el delito.

Caso Osakidetza: En las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990 se detectó un "cambiazo" masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. Por su presunta relación con este caso fueron detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras tres personas militantes del PSOE, acusadas de fraude con objeto de beneficiar a miembros del PSOE y UGT e instalar un grupo de personas afines en posiciones de responsabilidad. 

Caso Guerra: Condena de Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.

Caso Ibercorp: Especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España.

Caso Urralburu: Una trama de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales en las obras públicas realizadas por el gobierno del presidente socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, entre 1987 y 1991. Urralburu, fue procesado y condenado junto al ex consejero Antonio Aragón.

Caso Bardellino: La liberación bajo fianza y huida del dirigente de la camorra napolitana Antonio Tonino Bardellino.

Caso Godó: Escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por ex agentes del CESID a personal del periódico La Vanguardia, por encargo del empresario Javier Godó, el cual fue finalmente exculpado. El informe policial acusaba al propio CESID de controlar la red.

Caso Salanueva: Detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos el 29 de noviembre de 1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas, precio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. Fue puesta en libertad el 1 de diciembre. En 1994 fue denunciada por imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.

Caso Expo'92: Cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros. Fue arhivada por juez Garzón tras siete años de instrucción.

Caso Roldán: Llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado.

Caso Palomino: El cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó. Posteriormente, una investigación le vinculó con la mala calidad de las rejas de la cárcel de Sevilla 1.

Caso GAL: Creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL.

Petromocho: Fraude perpetrado por un tal Jean-Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisón del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse completamente.

Caso PSV: Fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004 - 2011).

Caso Matsa: En 2009, la Junta de Andalucía otorgó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería Matsa. La oposición del Partido Popular y el sindicato Manos Limpias denunciaron en dos ocasiones que esta subvención violaba la ley de incompatibilidades, puesto que Paula Chaves, la hija del presidente andaluz Manuel Chaves, trabajaba en Matsa. El Tribunal Supremo archivó las dos querellas presentadas considerando que Chaves no había incurrido en ningún delito.

Caso Plasenzuela: Presunta Prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos por parte del alcalde socialista de esta localidad cacereña, José Luis Villegas, imputado por el desvío de 4,4 millones de euros de fondos públicos y apropiación de otros 66.000 por una residencia y un polideportivo. También fueron imputados un concejal socialista, el secretario municipal, y el alcalde del cercano pueblo de Torremocha, Domingo Galán Encina, del Partido Popular.

ERES falsos: Red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que saltó a raíz de la investigación del Caso Mercasevilla en 2011, donde se detectaron pre-jubilaciones irregulares. El fraude ascendería a 1.400 millones de euros y afectaría a 68 empresas. Los directores de la trama serían, presuntamente, Antonio Rivas, delegado de Empleo en la provincia de Sevilla, y Antonio Fernández García, consejero de Empleo de la propia Junta de Andalucía. El caso sigue siendo investigado por la justicia ordinaria y el Tribunal de Cuentas.

Caso Riopedre o Renedo: En enero de 2011 el ex consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias durante el gobierno Vicente Álvarez Areces, el socialista José Luis Iglesia Riopedre, es acusado de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios por una supuesta trama de adjudicaciones ilegales por valor de más de 14 millones de euros.

Caso Campeón: Presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales para determinadas empresas gallegas, que se saldó con la detención del director y un subdirector del IGAPE. Se investiga la implicación dos diputados autonómicos socialistas, del alcalde socialista de Lugo,J osé López Orozco, y del convergente Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol. Su derivación más grave es la acusación de cohecho y tráfico de influencias por parte del ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE José Blanco López, que se reunió en una apartada gasolinera con el empresario Jorge Dorribo, que le habría entregado 400.000 € al primo de Blanco cambio de subvenciones.
Caso Zarrafaya: En 2005 el alcalde socialista de esta localidad granadina, Salvador Zamora, fue condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa, junto con tres concejales -sentenciados a 7 años de cárcel-, por un delito de prevaricación administrativa, al autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable. Su sucesor, el también socialista José Miguel Muñoz, fue condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoridad al negarse a paralizar la construcción.

Caso Cambril: Condena a 15 meses de prisión y 7 años de inhabilitación del ex alcalde socialista de esta localidad jienense, Agustín Cubillo por prevaricar al conceder dos licencias de obra. Otros ocho implicados fueron condenados a seis meses de prisión.

Caso Porcuna: La ex alcaldesa socialista de esta localidad jienense, Ana María Moreno de la Cova, fue condenada a 21 años de inhabilitación y multa de 2.190 euros tras admitir haber concedido tres licencias de construcción ilegales entre los años 2004 y 2006. Tres concejales fueron condenados a 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 1.460 euros.

Caso Pretoria: Presunta trama de corrupción liderada por el ex diputado del PSC Luis García, que defraudó un total de 44.754.000 euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.