La Opinión de Regina Otaola (¿Universidad o campo de pruebas para totalitarios?).

Una vez más la Universidad pública española ofrece un ejemplo de totalitarismo e intolerancia. Podrán decir que no son todos los que estaban ni estaban todos los que son, pero cuando se permite a unos alumnos boicotear una conferencia con amenazas no hay más remedio que denunciarlo una y otra vez, denunciar ante todo la actitud de permisividad hacia los intolerantes para que no se vuelva a repetir.


Porque ayer, la que debería ser a estas horas ex delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, se permitió recomendar a monseñor Rouco Varela que no diera su charla en la Universidad porque no podría garantizar la seguridad del cardenal ni la de los asistentes. Y se quedó tan ancha, sometiéndose al dictado de unos jóvenes totalitarios enemigos de la libertad. Porque ayer, la delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, lo que hizo fue impedir, amparándose en una falsedad, que una serie de personas ejercieran un derecho que la Constitución ampara. La excusa para ella y la justificación idónea para que los vándalos se salieran con la suya. Y todavía sigue en su puesto. Alguien que afirma que el Gobierno de España no puede garantizar la seguridad de un conferenciante en un centro universitario de la capital de la Nación. Pues entonces, ¿para qué necesitamos un Gobierno, un Estado, si luego sus delegados y representantes se achantan a las primeras de cambio ante unos mindundis violentos? Es como si el Gobierno reconociera que efectivamente estamos en manos de quien quiera ejercer la violencia para imponernos sus criterios. ¿Dónde queda el Estado de Derecho? ¿Quién nos defiende a los que actuamos conforme a la Ley?.


Al consentir la amenaza y ceder al chantaje, la delegada del Gobierno se convierte en responsable del éxito de los intolerantes en vez de erigirse en defensora de los que van a la universidad a hacer uso de su libertad de expresión. Y si los rectores consienten, y vaya que si consienten, son también responsables. Se les debería caer a unos y a otros la cara de vergüenza por lo sucedido y por haber demostrado con hechos, por enésima vez, que son incapaces de educar en el respeto a la dignidad humana, a la libertad de conciencia, de expresión y de reunión. Porque su obligación como rectores es propiciar ese ambiente, por supuesto al margen de la violencia, en que tales derechos pueden ser afirmados y difundidos. Por el contrario, fomentan por omisión la invasión de la esfera pública por los que quieren aniquilar cualquier debate fuera de sus consignas totalitarias, y los ejemplos de ellos comienzan a ser tan abundantes como para marcar esa fatal "normalidad" en la Universidad pública española.


Luego resulta también que unos y otros, tan progres todo ellos, tratan de hacer ver al público que nadie está más concienciado que ellos respecto al hambre o los sin techo, pero no es verdad, les importan más bien poco estos problemas si no es para servir de carnaza a su propaganda estéril. Si no fuera así habrían permitido que el cardenal Rouco expusiera sus argumentos y además le debían quedar agradecidos por ser un representante de la Iglesia Católica, la institución benéfica de largo más importante y útil en todo el mundo por su labor constante para con los que pasan hambre, frío y persecución, a cambio en muchas ocasiones de todo tipo de penalidades e injurias como la que nos ocupa.

Me pregunto, en resumidas cuentas, de qué clase de Democracia estamos hablando cuando desde el propio Ejecutivo se reconoce incapacidad para defender, en el mismo seno de una institución como la Universidad, los derechos de los ciudadanos más respetables frente a los profesionales juveniles del abucheo, el acoso y las palizas.