CANTABRIA.
La Organización Impulsara de Discapacitados (OID) ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una querella criminal contra el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el grupo costarricenses Pujol Martí, y los responsables de las empresas públicas de la Administración cántabra Sodercán y GFB, en de la que forma parte la sociedad de Costa Rica. La OID denuncia presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental relacionados con el acuerdo que el Gobierno de Cantabria y PujoL Martí firmaron para la instalación en la región de la fábrica de fibroyeso de Orejo.
La organización de discapacitados cuestiona el peritaje que se hizo de la maquinaria que Pujol Martí vendió a GFB para la fábrica «consistió en abrir un par e contenedores»- y el capital aportado. Por todo ello pide que se cite a declara a Revilla, al máximo responsable de Pujol Martí y a los técnicos de Sodercán y del Fondo de Inversión Cantabria Expansión «al objeto de que expliquen su negativa a aprobar una operación que finalmente, y por motivos políticos, se llevó a cabo». Asimismo, pide las tasaciones periciales de la maquinaria y facturas de la vetan. También pide que se investigue las expropiaciones y recalificaciones de los terrenos rústicos destinados a la fábrica.
El timo del 'tocoyeso' atrapa a Cantabria
El Ejecutivo regional desoyó informes técnicos e invirtió en 2004 junto a los costarricenses de Pujol Martí en una fábrica que no arranca por falta de dinero
Por Félix VillalbaLa sabiduría popular es a veces digna de elogio. Poco después de que el Gobierno regional firmara, a principios de 2004, un acuerdo en Costa Rica para la instalación de una fábrica de paneles de fibroyeso en Cantabria, en la calle se empezó a hablar del timo del tocoyeso, igual que en Asturias cuajó en su día el petromocho.Han pasado cuatro años largos y la planta fabril, construida, sigue sin producir. Falta dinero, después de que la inversión creciera desde los 67 millones de euros previstos a más de 95.
Lo que empezó en San José en marzo de 2004 como un gran proyecto industrial, con una previsión de 240 puestos de trabajo directos, se ha convertido en un quebradero de cabeza para la Administración regional. El Gobierno participa con un 30%, a través de Sodercan, en la sociedad (GFB) que se constituyó con el grupo costarricense Pujol Martí. Desde el verano pasado está intentando deshacerse del paquete, pero hasta la fecha no ha encontrado comprador.Y, mientras, el socio mayoritario reclama más dinero a Sodercan para que la factoría arranque.
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